Un artículo publicado en el periódico oficial de la Fiscalía Suprema Popular de China señala un cambio en la forma en que los fiscales chinos abordan la industria cripto.
La mayor parte del texto aboga por una postura de AML incluso más draconiana que la ya común hoy en día. La autora sostiene que el uso de mezcladores de criptomonedas, monedas de privacidad o transacciones de gran volumen sin una justificación económica clara deberían considerarse indicios de la intención de blanquear dinero. Va aún más lejos, sugiriendo que en tales casos la carga debería recaer sobre el sospechoso para demostrar su inocencia.
Desafortunadamente, nada de esto es especialmente sorprendente. Muchos gobiernos, no solo China, se están moviendo en la misma dirección.
Lo que sí llamó mi atención, sin embargo, fue otra propuesta en el artículo: tratar los datos de la blockchain como prueba plenamente admisible en los tribunales.
Eso realmente me sorprendió. ¿Es esto todavía una cuestión sin resolver?
Si creas un swap en rabbit.io, nos envías criptomonedas y por alguna razón el intercambio se retrasa, todo lo que necesitas para demostrar que realizaste el pago es el hash de la transacción. Si esa transacción está registrada en la blockchain, no se necesita evidencia adicional.
La comunidad cripto global ha creído durante mucho tiempo que no hay nada más fiable que un registro en la blockchain. No puede ser eliminado, alterado ni falsificado.
¿Y sin embargo el sistema de justicia del país más poblado del mundo sólo ahora empieza a reconocer esto formalmente?
Parece que todavía estamos en los primeros pasos de la adopción gubernamental de las criptomonedas: una etapa en la que los gobiernos todavía debaten los principios más básicos que la comunidad cripto ha dado por sentados durante años.
