Una reciente orden del Tribunal de Distrito de Puerto Rico ha planteado nuevamente el tema de la propiedad de criptomonedas. Aquí está la historia:
Juan Carlos Reynoso, condenado por tráfico de drogas, fue ordenado a confiscar 119.65 BTC (almacenados en bc1q...dgac) a una dirección controlada por el gobierno (bc1q...er2h). Pero el mismo día de la orden judicial, los Bitcoins fueron movidos, dejando al gobierno con las manos vacías.
¿La respuesta del tribunal?
- Declaró a Reynoso en desacato al tribunal,
- Exigió que devolviera los fondos inmediatamente,
- Le impuso una multa diaria de $10,000 hasta que cumpliera.
Pero quedan preguntas críticas sin respuesta:
- ¿Reynoso realmente movió los Bitcoins él mismo?
- ¿Tiene siquiera acceso a las direcciones donde ahora residen los fondos?
Si la respuesta a ambas es “no”, las sanciones del tribunal - multar a alguien por no poder hacer lo imposible - parecen injustas. Notablemente, el fallo no ofrece ninguna prueba de que Reynoso controlara la transferencia. En cambio, desplaza la carga: “Demuestra que tus claves fueron comprometidas.”
En rabbit.io, nos especializamos en el intercambio de criptomonedas. Personalmente, sigo de cerca el negocio cripto, y sé muy bien que no compartir las claves privadas con personas de confianza en caso de que te suceda algo es extremadamente imprudente. La historia muestra los riesgos de una mala planificación:
- Quadriga colapsó en 2019 después de que su CEO se llevara las claves a la tumba.
- OKEx congeló retiros en 2020 cuando un fundador “desapareció”.
Reynoso también operaba un tipo de negocio de criptomonedas - aunque ilegal. En mi opinión, hay una alta probabilidad de que terceros movieran el Bitcoin una vez que Reynoso enfrentó problemas legales. ¡Incluso los mineros tenían más poder para bloquear la transferencia que el propio Reynoso!
