En Estados Unidos se está desarrollando un caso penal único contra los hermanos Peraire-Bueno — validadores de la red Ethereum en 2023 que presuntamente usaron manipulación de MEV para ganar alrededor de $25 millones a expensas de otros participantes de la red que no tenían intención de enriquecerse a su costa.
Así funcionó:
- Crearon transacciones “cebo” que hicieron creer a otros validadores que podían incluirlas en sus propias estrategias de arbitraje.
- Cuando esos validadores se apresuraban a capturar oportunidades de MEV, los hermanos Peraire-Bueno reemplazaban o reordenaban el bloque para quedarse con la ganancia.
Desde un punto de vista económico tradicional, fuera del mundo de Ethereum, esto suena a fraude clásico, ¿no? Hay engaño, hay daño financiero y hay beneficio personal. Naturalmente, cuando los fiscales se enteraron del esquema, abrieron un caso penal.
Pero aquí está el giro: en Ethereum, miles de validadores hacen lo mismo. Competir por el MEV es una práctica habitual, y quienes pierden suelen salir perjudicados. Lo que normalmente calificaría como fraude en la economía tradicional, dentro de la comunidad de validadores de Ethereum se considera negocio habitual. De hecho, nadie se ha presentado como víctima.
Por eso Coin Center — una organización de investigación y política que defiende las redes de criptomonedas abiertas — presentó un informe amicus instando al tribunal a rechazar la lógica de la fiscalía. El grupo advirtió que condenar a los acusados podría exponer a todos los validadores a posibles cargos penales y socavar la confianza en los sistemas descentralizados al introducir una capa de “normas morales” impuestas por el gobierno sobre las reglas matemáticas del protocolo.
DeFi en Ethereum ha sido criticado durante mucho tiempo por permitir que los validadores extraigan valor adicional de otros. Cadenas de bloques competidoras ya están desarrollando soluciones para limitar o eliminar el MEV por completo. Ahora, el gobierno parece haber encontrado una forma más simple: simplemente hacerlo ilegal.
Se podría argumentar que la fiscalía merece críticas —pero no por las razones que piensa Coin Center—. El problema real no es que el Estado esté intentando regular a los validadores. El Estado puede ser el primero en llamar a las cosas por su nombre. Sin embargo, procesar a los hermanos Peraire-Bueno por algo que ha sido una práctica económica rutinaria dentro de Ethereum sigue pareciendo un exceso.
