Filipinas ha decidido usar blockchain para los informes gubernamentales. Según Decrypt, el Departamento de Obras Públicas y Carreteras anunció que comenzará a registrar todos sus contratos en la cadena. Esta medida se produce después de protestas masivas por presunta corrupción.
Los gobiernos han introducido blockchains antes, afirmando que se trataba de la "inmutabilidad de los datos". Pero cuando todos los validadores son controlados por el gobierno, pueden reescribir la historia en cualquier momento, simplemente bifurcando la cadena y construyendo nuevos bloques encima. Un blockchain en sí mismo no garantiza inmutabilidad. La inmutabilidad solo funciona cuando los mineros o validadores tienen fuertes incentivos para agregar nuevos bloques honestamente en lugar de manipular los antiguos.
El proyecto filipino es diferente: propone involucrar a grupos cívicos independientes, universidades y medios de comunicación como validadores. Ese es un paso raro hacia el uso de blockchain para una verdadera supervisión pública.
Aún así, la gran pregunta sigue siendo: ¿estos validadores realmente tienen incentivos para producir bloques honestos? ¿Y podrían ser incentivados para crear bloques deshonestos? Estos desafíos son bien comprendidos y resueltos en blockchains públicos, donde cualquiera con suficientes recursos puede unirse como validador o minero.
Una forma mucho más efectiva de responsabilidad sería si los gobiernos recaudaran y gastaran el dinero de los contribuyentes directamente en blockchains abiertos y públicos. Para eso realmente podrían usarse las reservas estatales de criptomonedas.
¿Veremos alguna vez a Filipinas gestionando gastos en Polygon, a EE.UU. en Solana, a El Salvador en Bitcoin - con rabbit.io impulsando las conversiones entre monedas nacionales y regionales abiertas y transparentes?
